Grupo de funciones judiciales
El delegado de Serbia acogió con beneplácito que el Mecanismo hubiera comenzado a planificar su fin y apoyó el establecimiento del Grupo sobre Funciones Judiciales, así como la esperanza de que se pudiera devolver a casa una gran cantidad de documentación. Rechazó las acusaciones de negación, glorificación de criminales de guerra o revisionismo histórico contra su nación.
La Fiscalía es la justicia penal dependiente del Tribunal. Emplea a fiscales, fiscales principales y adjuntos, investigadores, analistas, expertos forenses y profesionales psicosociales, entre otros, que se centran en la prevención del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y fortalecen la capacidad nacional para investigar y enjuiciar esos crímenes.
El personal se dedicará exclusivamente a la labor de la Fiscalía y no asumirá otras obligaciones o responsabilidades profesionales para que el Fiscal pueda recibir una remuneración acorde con su alto grado de responsabilidad y competir con el nivel salarial del sector privado; El nivel de remuneración también debe ajustarse periódicamente para atraer y retener al personal capaz.
El Fiscal debe mantener una relación de trabajo cortés y civilizada con los jueces y abogados defensores, informar oportunamente a sus superiores de cualquier dificultad moral, de calendario u otra índole y buscar reparación lo antes posible. Debe respetar los derechos de los testigos y las víctimas, al tiempo que colabora estrechamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para informarles del proceso de enjuiciamiento y su papel en el caso.
Como norma general, los fiscales deben evitar comentar públicamente las decisiones de los jurados o las decisiones judiciales, y no solo expresar diferencias de respeto y su intención de explorar todas las vías de revisión legal disponibles. Nunca deben tratar de obtener beneficios personales mediante ataques ofensivos o personales contra decisiones desfavorables; Al considerar si apelar una decisión, él o ella no solo debe evaluar el valor legal de la decisión, sino también sus propios intereses y costos, el sistema judicial, el demandado y el interés público.
Los fiscales deben proteger los intereses sociales de manera justa y equitativa, incluida la investigación y el enjuiciamiento de los casos que parezcan haber cometido delitos atroces, al tiempo que alientan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a respetar el derecho penal y la ética profesional. Debería familiarizarse con todos los agentes del orden pertinentes involucrados en el enjuiciamiento de los casos y asegurarse de que cumplan con las normas legales y éticas para evitar prejuicios indebidos.